Buscarse la vida fuera de nuestras fronteras sale caro. Esto piensan los jubilados que cobran pensiones del extranjero desde el año 2008 a los que Hacienda reclama que las declaren con carácter retroactivo. Además, les impone un 20 por ciento como sanción y un 5 por ciento en concepto de demora. Las multas pueden llegar hasta los 20.000 euros por unas retribuciones que en raros casos superan los 1.500 euros.
Los emigrantes retornados culpan directamente a la Administración de este conflicto, pues, según afirman, hasta ahora la Agencia Tributaria les aseguraba que no era obligatorio incluir la pensión en el ejercicio y ni siquiera que apareciese en el borrador. Desde el Ministerio de Hacienda la única respuesta que ofrecen es remitirles a la Ley del IRPF por la cual “todo aquel residente fiscal en España debe declarar las rentas que obtenga en cualquier parte del mundo”.
Protestas ante una retroactividad injusta
