La crisis económica que ahoga y tortura a nuestro país ha metido un duro tijeretazo en la partida presupuestaria dirigida a Cooperación Internacional. El Gobierno ha tomado la inhumana decisión de reducir el número de países en los que concentrará sus esfuerzos de ayuda oficial al desarrollo. Según establece el borrador del Plan Director de Cooperación Española 2013-2016, un "máximo de 23 países" serán los privilegiados beneficiarios, frente a los 50 que señalaba el anterior plan.
El secretario general de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles, insiste en que el Plan Director "se adapta a los tiempos que nos toca vivir"; tiempos de progresivo empobrecimiento, no sólo de los países subdesarrollados sino de nuestro propio país. Debemos preguntarnos entonces si un país en crisis, sumergido en un proceso creciente de pobreza interna, será capaz de mejorar la vida de otros países empobrecidos.
Según dijo Robles, la escasez de fondos económicos va a obligar a una selección más estricta de su destino y ONGs, Gobierno y Organizaciones Internacionales coinciden en la necesidad de un mayor seguimiento y evaluación del impacto de los proyectos.
Hablan de una “selección de su destino”. Casualmente, los países beneficiarios están localizados en zonas geoestratégicas para España como América Latina, Oriente Próximo o Filipinas, donde nuestro país históricamente ha tenido mayor influencia y donde actualmente varias empresas multinacionales españolas se enriquecen a costa de otros, gracias a su fuerte intromisión. Tratan de vendernos un bonito modelo de cooperación humanitaria cuando realmente se esconden claras estrategias corporativas.
Por otro lado, hablan de un “seguimiento y evaluación del impacto”, pero su amnesia transitoria parece hacerles olvidar que para eso se necesita dinero. Resultaría interesante saber cómo financiarán un proyecto tan ambicioso de evaluación al tiempo que se recorta drásticamente la partida económica de cooperación.
Mientras tanto, en nuestro país crece el rechazo a las ayudas humanitarias. Y es normal, nuestro gobierno ha metido la tijera por todos lados, y vivimos angustiados y apretados económicamente. Pero debemos pensar en todo lo que mueven estas ayudas, no podemos ser tan crueles y negar unos servicios básicos a países que verdaderamente lo necesitan, es una responsabilidad moral y ética; e igualmente debemos pensar en todas esas ONGs activas que se ven afectadas por esta drástica reducción de las partidas de ayuda al desarrollo.
Mientras un iluso Rajoy, a finales de septiembre de 2012, reiteraba firmemente ante la ONU el compromiso de España con Los Objetivos del Milenio, se enorgullecía en el Congreso de la que consideraba una perfecta labor de cooperación, y aumentaba la partida presupuestaria de innecesarias acciones exteriores destinadas a la presencia y representación de España en el extranjero, las cuentas públicas retrocedían la ayuda humanitaria a niveles de los años 90.
El problema quizá no esté en discutir si debemos arañar nuestros bolsillos y aportar una mayor o menor cantidad de dinero para intentar ayudar a otros países. Deberíamos pensar en que probablemente el problema radica en el mal reparto del presupuesto económico del Estado, en el derroche de dinero y en la mala gestión de los proyectos, o en la ausencia de un reparto equitativo de las ayudas, movidas generalmente por ambiciosos intereses geopolíticos y mercantiles.
Por tanto, se precisa urgentemente la transparencia y el compromiso sincero y rotundo de nuestro Gobierno. Es hora de dejar a un lado palabrerías y victimismos y asumir la realidad de un país hundido en el fango que se empobrece velozmente hasta el punto de que en un futuro próximo podríamos convertirnos en nuevos destinatarios de esas ayudas promovidas por la Cooperación Internacional.