Otoño árabe

Túnez es una democracia joven. Arabia Saudí, una dictadura en un desierto. Palestina, un país ocupado; mientras Yemen, Siria e Irak son azotados por guerras, sequía, desnutrición y brotes de cólera. Los contrastes entre los países de Oriente Próximo son evidentes. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 evidencia que, en tiempos de crisis, todos vuelven a confluir en un modus operandi: la censura.

Así, varios medios, entre los que sobresale Reporteros Sin Fronteras (RFS), vienen alertando de las medidas adoptadas por los gobiernos de la región desde que se iniciara la pandemia. Detenciones de periodistas, restricción de Internet, cierre de periódicos y falseamiento de datos sobre la enfermedad son algunas de ellas.

Uno de los estados más férreos en ese sentido está siendo Irán, donde el Ministerio de Inteligencia no cesa de perseguir a periodistas cuyas informaciones contradigan a las del Gobierno. Es el caso de Mohammad Mosaed, interrogado el 23 de febrero después de que difundiera por redes sociales cifras sobre fallecidos que doblaban a las oficiales. Fue puesto en libertad sin móvil, ordenador ni cuenta de Twitter. «El país está en guerra y la publicación de esta información equivale a colaborar con el enemigo», justificó, según informa RSF, uno de los funcionarios que lo interrogaron.

La de Mosaed es la situación de muchos periodistas freelance, a quienes solo les queda la tribuna de las redes para informar, dado que el pasado 6 de abril la Oficina Nacional de Gestión del COVID-19 iraní decretó el cierre de periódicos. Medida motivada, según el Ejecutivo, por el distanciamiento social que exige el protocolo anticontagio, aunque para muchos un paso más en el control de los medios para que no se conozca la magnitud real de la pandemia. Jordania ha seguido esta misma estela y también ha suspendido la impresión de diarios durante el estado de alarma.

Aún más preocupante es la situación de periodistas «opositores» que, como Soheil Arabi y Narges Mohammadi, permanecen enfermos en prisión sin recibir atención facultativa: «La salud de mi hija ha empeorado y encima las fuerzas de seguridad nos presionan para que no contemos nada», escribe, según reseña RSF, la madre de Mohammadi a las autoridades judiciales. Y quienes se atreven a denunciarlo corren la misma suerte, como el periodista y activista Amir Chamanii, detenido por la Guardia Revolucionaria hace una semana tras desvelar en Twitter las precarias condiciones de las cárceles iraníes en plena pandemia.

Lo cierto es que Irán se ha convertido en el principal foco vírico de la región y se teme que afecte a países aún más vulnerables de su entorno, como Siria, cuyo sistema sanitario se encuentra debilitado por una guerra que no cesa. Aquí, al igual que en Yemen, la censura es clave para retrasar la voz de alarma y, aunque a día de hoy solo están confirmados casos aislados, se teme que la realidad sea otra. Así lo advierte el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que desvela que las autoridades han dado instrucciones expresas a los médicos para que guarden silencio.

En Yemen, aunque en guerra civil, la situación prometía ser más esperanzadora, después de que el pasado 8 de abril la coalición liderada por Arabia Saudí declarase unilateralmente un alto al fuego. Sin embargo, se han vuelto a producir enfrentamientos entre los rebeldes hutíes y las fuerzas leales al Gobierno, según informa EFE. La única tregua parece haberla dado el primer caso confirmado en el país, un trabajador portuario de la ciudad de Ash Shihr, lo que ha llevado a los rebeldes a liberar, de acuerdo con Europa Press, a más de 2.350 presos para intentar contener la propagación del virus.

Por su parte, Arabia Saudí, donde la cifra de contagios alcanza los 4.462 (entre los que figuran hasta 150 miembros de la familia real), justifica con el actual estado de alarma la adopción de medidas «extraordinarias». Entre ellas, el aplazamiento de los juicios que preveían liberar a varios periodistas que, como denuncia RSF, cumplen pena de cárcel por motivos ideológicos. Este mismo medio alerta de las pésimas condiciones en que se hallan estos periodistas, muchos de ellos enfermos y sin recibir atención médica.

La profanación de la libertad informativa al calor del COVID-19 se extiende al resto de países. En Egipto, por ejemplo, es el Consejo Supremo de Regulación de Medios quien ahora monopoliza el sistema informativo y, como tal, ha decretado el cierre de cientos de medios y webs, entre ellos, la BBC y el canal de televisión Al-Hurra financiado por Estados Unidos. Las restricciones cibernéticas también son la tónica en India y Etiopía, donde periodistas locales denuncian cortes intermitentes en las conexiones telefónicas y de Internet, que impiden el seguimiento informativo de la pandemia. Israel va aún más allá y, según informa RSF, ha extendido la geolocalización impuesta a los contagiados también a los periodistas que deban desplazarse para hacer su trabajo.