Cooperación Internacional ante el caos político

Esta misma semana se ha sabido que será a partir de otoño cuando el gobierno presente su nuevo proyecto para una nueva Ley de Cooperación Internacional. Hasta entonces, el borrador en el que se está trabajando deberá incorporar aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios, dentro de la subcomisión que para tal efecto se ha creado, antes de su discusión definitiva en el Congreso y en el Senado.

Es una opinión generalizada entre los grupos políticos y el tercer sector que la actual ley debe ser actualizada tras más de veinte años de andadura. En estas últimas décadas el panorama internacional ha cambiado lo suficiente para que las modificaciones que se exigen sean de tal calado que se hable incluso de la necesidad de una refundación de la Cooperación Internacional en España. Estos cambios estructurales exigirán un esfuerzo presupuestario, pero también una adecuación efectiva de las instituciones en un país donde las competencias y recursos se solapan y convierten el mal aprovechamiento de los mismos en una práctica común dentro de un marco regulatorio que data de 1998. 

A pesar de que la mayor parte de los partidos políticos españoles están de acuerdo con esta actualización, los retos para alcanzar un pacto son importantes. El nuevo sistema debe estar acorde con los objetivos de la Agenda 2030. Con la excepción de Vox, partido que ha manifestado explícitamente su oposición a dichos objetivos, aprobados en la ONU por 193 países en 2015, el resto de partidos estatales ha manifestado su compromiso con este plan que supone un nuevo marco global para el desarrollo sostenible. 

Tal y como ha ocurrido en los últimos años, ¿este asunto también llegará a convertirse en una cuestión de confrontación política?

Por un lado, PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos pueden caer en la tentación de preferir la lealtad a sus respectivas ideologías antes que subordinarse a la necesidad de un acuerdo amplio. La eterna discusión sobre cómo aprovechar e invertir en recursos entre la izquierda y la derecha, en su sentido más genérico, también puede trasladarse a la forma en cómo abordar la Cooperación Internacional. Además de que existe una visión que entiende la Cooperación Internacional como un apéndice del Ministerio de Exteriores, y por lo tanto al servicio de los intereses geoestratégicos de la política exterior española. En frente se sitúan aquellos que defienden la creación de un ministerio independiente, al servicio de los objetivos de la Agenda 2030 por encima de los intereses nacionales de cada Estado.

Por otra parte, el sistema descentralizado de la Cooperación Internacional en este país obliga a una actualización que deberá ser negociada en algunos puntos con las competencias de las Comunidades Autónomas, de tal forma que pueda haber una política estatal común que sin homogeneizar los esfuerzos, no permita un mal aprovechamiento de recursos. ¿Queda alguna duda de que la necesidad de acuerdo debe estar por encima de visiones centrífugas o centrípetas?

Estos retos no deberían ser un obstáculo para que España pudiera contar con un nuevo marco que prepare al país para el nuevo paradigma que se avecina. El Covid-19 ha expuesto la necesidad de una colaboración global a todos los niveles, donde las vacunas se sitúan como el asunto más inmediato, pero donde diferentes cuestiones se abren paso como objetivos comunes a todos los países. Solo a través de una Cooperación Internacional al servicio de los objetivos de la Agenda 2030 se podrán afrontar los grandes retos del siglo XXI, donde una conciencia global frente a los problemas debería situarse por encima de los intereses nacionales y, por supuesto, de los intereses políticos de cada país.