La sociedad se rebela contra los desahucios

Ha sido necesaria la denuncia pública de una comisión de jueces y terribles dramas personales de afectados por desahucios, que han llegado incluso a suicidios de los mismos, para que los grandes partidos políticos fueran conscientes de la calamidad que ahoga en la desilusión de muchísimas familias españolas. El Gobierno ratifica que, sobre el total de 400.000 desahucios realizados desde 2009, los que afectan a la primera vivienda se sitúan entre 4.000 y 15.000.

Convine recordar que los procedimientos hipotecarios no se corresponden a los lanzamientos, es decir, el proceso por el que el ocupante del piso es alejado, incluso con la fuerza, de la vivienda. Según las últimas estadísticas de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), de los 400.000 procedimientos, los lanzamientos han sido 168.534, aproximadamente, el 42%.

Si se aplicara esta misma relación a la cifra ofrecida por el subsecretario de Economía, saldría que los morosos bancarios que, efectivamente, han sido desalojados de su primera vivienda, oscilarían entre 1.680 y 6.300.

Diversas iniciativas parlamentarias han tratado de afrontar este problema, sin éxito. Si se han aprobado generosas ayudas al sector financiero y se han destinado 60.000 millones de euros al rescate de la banca, justo es también que se rescate a quienes corren el riesgo de perder su vivienda por una insolvencia sobrevenida no dolosa. Si las entidades obtienen dinero del Banco Central Europeo en condiciones muy ventajosas, justo es también que parte de ese dinero sirva para aliviar la situación de quienes han sido víctimas de una crisis causada en su origen por los abusos de la economía financiera. Pero, ¿tenemos que pagar justos por pecadores? En esta sociedad, está comprobado que esta respuesta es afirmativa.

El resultado es que el desahuciado se queda sin vivienda y sigue teniendo que responder con todo su patrimonio presente y futuro por la parte de la hipoteca que queda pendiente, incrementada con las costas judiciales y los intereses de demora. El proyecto de ley de los socialistas, a los que se puede culpar de no haber tomado medidas cuando estaban en el poder, contempla medidas que impiden los abusos, equilibran la relación y permiten a los deudores permanecer en la vivienda mediante fórmulas diversas. La propuesta debería desarrollar una nueva regulación que incluya la dación en pago en algunos casos, en línea con la propuesta formulada por la comisión de jueces. No hacerlo sería muestra de una gran insensibilidad social, difícil de entender.

En conclusión, necesitamos un gobierno fuerte que pueda afrontar este problema desde su inicio. Una persona capaz de dar soluciones eficaces que arreglen este problema que se está cobrando vidas. Y es que la desesperación de las personas afectadas llega a puntos muy altos y en la mayoría de los casos, no son personas que merezcan esto ya que después de una larga vida trabajada sólo para poder solventar los pagos de sus viviendas, ahora ven que esto no lo pueden conseguir y que encima su deuda, a pesar de perder su casa, sigue manteniéndose. ¿Ayuda? Lo que necesitamos son respuestas y acciones y las queremos todos los ciudadanos.