De la desesperación a la okupación

En 2017, Móstoles se situaba como la segunda ciudad madrileña con mayor número de okupas. Entre los muchos casos de okupación que se dan en el municipio, destacamos el de La Dignidad, un bloque de pisos okupado desde 2014, y el de la Casika, un centro social que el pasado diciembre celebraba sus 23 años de okupación. 

Esta situación la podemos extrapolar al resto del país, y es que entre los años 2015 y 2019, la okupación ha aumentado un 40% en España. Estos datos se han visto afectados por las medidas tomadas durante la pandemia. El pasado 23 de diciembre, el gobierno dictaba un nuevo decreto ley para hacer frente a la desesperante situación que atraviesan cientos de familias vulnerables en España por el que se suspenden los desahucios, tanto si la causa se debe a la COVID-19 como si fuera una anterior, hasta la finalización del estado de alarma, prevista para el próximo mes de mayo. Este decreto ha dado lugar a numerosos enfrentamientos entre los partidarios y detractores de esta medida, llevando a que los partidos políticos de la oposición y máximos defensores de la propiedad privada, PP y Vox, hayan decidido recurrir esta norma en el Tribunal Constitucional.

Esta situación nos ha llevado a un enorme descontrol aprovechado por oportunistas que buscan lucrarse de la permisibilidad de las leyes y de la lentitud para hacer efectivo el desahucio, perjudicando gravemente la imagen ya de por sí afectada de un problema socioeconómico que es cada vez más real. ¿En qué lugar nos deja esto? La simple necesidad de la gente por tener un techo bajo el que dormir se convierte en la principal causa de la aparición de mafias de okupación, organizaciones de «abusones» que se encargan de meter a gente en pisos vacíos y llegan incluso a subarrendar ilegalmente las casas okupadas. En la otra cara de la moneda, las llamadas “empresas de desokupación” proliferan y constituyen una solución rápida y efectiva para los desesperados propietarios. El negocio de la okupación y desokupación persiste sin que surja una verdadera solución a un problema cada vez más acentuado. 

A su vez, vemos como la situación económica es cada vez más precaria e inestable. En el mes de febrero, hemos registrado en España la mayor cifra de desempleo de los últimos cinco años, superando la sobrecogedora barrera de los cuatro millones de parados. En Móstoles, la evolución del paro se había mantenido a la baja durante siete años consecutivos, descenso que se ha visto gravemente afectado por la pandemia. El ataque a la propiedad privada se convierte entonces en el último recurso de muchas familias afectadas por las graves consecuencias económicas de la pandemia. Sin embargo, en Móstoles existen casos en los que no se ha respetado lo propuesto en la nueva normativa sobre desahucios y decenas de familias han sido expulsadas de las viviendas en las que residían ya que no pueden permitirse pagar un alquiler. 

La okupación se enfrenta a sus años más duros. La crisis socioeconómica que ha traído consigo la pandemia ha supuesto el aumento de los colectivos vulnerables y ha acentuado la problemática ya existente en el acceso de muchas familias a la vivienda al verse incapacitadas en el pago de los alquileres. Por ello, vemos más necesarias que nunca las medidas que sirvan para ayudar a aquellas personas que no tengan recursos y se queden sin un lugar donde vivir, y así poder acabar también con las mafias que se benefician de las desdichas de los más indefensos.