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El Hospital Severo Ochoa resiste ante los ataques de la administración

Noticia
Nacional
Rueda de prensa de los sindicatos del Hospital Severo Ochoa
Los recortes en la sanidad madrileña siguen pasando factura en nuestros hospitales. El Severo Ochoa, a pesar de no ser uno de los siete centros madrileños que serán privatizados, ha sufrido de igual forma el “tijeretazo” por parte del Gobierno regional durante el pasado año.

 A través de un comunicado, los sindicatos del Hospital Severo Ochoa de Leganés han presentado, a modo de protesta, una carta con  todos los problemas económicos existentes y el deficiente estado del centro donde trabajan. El dato más significativo durante 2012 fue la pérdida de 130 empleados, que ha supuesto un aumento en las listas de espera y el cierre de camas permanentes en el servicio de cuidados intensivos , entre otras. Además, al haber menos sanitarios en actividad, se ha disminuido el tiempo de dedicación a cada uno de los pacientes, y por tanto, se ha desestabilizado la calidad de los servicios que se estaban prestando. Pero para los sindicatos, las medidas aprobadas van más allá. Éstos creen que supone un desbaratamiento del sistema sanitario y que el Severo Ochoa se encuentra sumergido ante una estrategia planeada hace años, y no vinculada únicamente a la crisis, donde se toma lo que es público, se desmantela y se reparte entre las empresas privadas.

Los sindicatos afirman que "llevan años denunciando los ataques que el centro viene recibiendo por parte de la administración", lo que les ha llevado a hacer públicos los datos reales sobre este desmantelamiento. El responsable de CC.OO., Pablo Caballero, aseguró la semana pasada que los laboratorios también han perdido personal puesto que se trata de “un negocio para la Comunidad de Madrid".

En medio de toda la polémica, se abre un nuevo frente para el Partido Popular.  El ex tesorero del partido,  Jose Luis Bárcenas,  podría haber recibido pagos procedentes de empresas concesionarias de la gestión de hospitales públicos madrileños. Por ello, la oposición política exige ahora que se esclarezca si estos pagos fueron una condición para la concesión y quién lo negoció por parte del gobierno regional.

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