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La problemática de los peajes, enfrentamiento entre consumidores y concesionarias.

Noticia
Nacional
Imagen de archivo de un peaje Marc Vayreda/ Nord Media
El pago por carretera daría al Gobierno casi 3000 millones de euros, mientras que los ciudadanos comenzarían a pagar por cada kilómetro recorrido

Joaquín Ortí Ruiz

El Gobierno, amparado por la Unión Europea pretende adquirir el modelo de la mayoría de los países europeos, ampliando la extensión del pago por uso a todas las vías de alta capacidad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lleva tiempo presionando para que se implanten estos sistemas, con el objetivo de concienciar a los conductores del impacto medioambiental que tiene el uso del coche.

Todos los usuarios y tipos de transporte estarían obligados a pagar por la utilización de las vías.

El Gobierno central afirma que esta reforma fiscal, encargada a los expertos, entraría en vigor a partir de 2024. La implementación del pago por uso aumentará los recursos del gobierno español, lo que significa que el presupuesto actual del Ministerio de Transportes para carreteras se incrementaría, aproximadamente en un 25 por ciento (2,340 millones de euros). Con el aumento de recursos, siempre que se determine la naturaleza de los peajes, el Gobierno añade que podrá invertir más dinero en el mantenimiento de carreteras y realizar nuevas mejoras de infraestructuras además de crear otras nuevas.

Pere Navarro, director de la DGT, se ha posicionado a favor de que pague quién haga uso de la red: “Haríamos bien en ponernos de acuerdo todos para resolver este tema de Estado. No podemos cargar a los presupuestos del Estado la conservación y mantenimiento de autopistas y autovías y hacer que la pobre abuelita que cobra una pensión, que no tiene ni coche, esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad”.

Ana Serrano, portavoz de la asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras, SEOPAN, declara que no hay otra opción válida debido a que las concesiones de las empresas privadas se están acabando, el mantenimiento de las carreteras cuesta millones de euros, y el gobierno no se puede hacer cargo de dicho coste, sobre todo teniendo en cuenta la crisis actual del coronavirus.

El Real Automóvil Club de España (RACE), señala en un comunicado que el modelo de pago por uso de carretera es injusto y afirma que: “Es, sobre todo, un problema para la seguridad vial, pero también para los bolsillos de los conductores, que ya pagan de forma directa e indirecta. No es sólo eso: el resto de los españoles, aunque no utilicen un vehículo privado, también verían repercutido su bolsillo con esta medida”. Muestran además su preocupación respecto a la utilización de las carreteras secundarias como alternativas, las cuales acumulan tres de cada cuatro accidentes. El RACC  insiste en este mismo argumento y añade, desde su experiencia, que el aumento de peajes no sólo no disminuye el consumo, sino que, además, los atascos en carretas secundarias, y, por lo tanto, en peores condiciones normalmente, se incrementen de forma potencial.

 

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