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La ley del “solo sí es sí” o ley del “depende cómo”

Editorial
Nacional
Fuente: El Ministerio de Igualdad
El Consejo General del Poder Judicial paraliza la puesta en marcha de la nueva ley de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad.

El informe del anteproyecto de la Ley de la Libertad Sexual, conocida también como la Ley Montero o la del “solo sí es sí” se aprobó el pasado 25 de febrero. En él se han dejado claras todas las contradicciones que presenta dicha ley, pues podrían provocar problemas a la hora de juzgar los casos de abuso o violacion. Por lo que se debe preguntar ¿realmente una ley así protege a las víctimas?

Esta ley comenzó a idearse tras la primera resolución del caso de La Manada en 2018. La Audiencia de Navarra decretó que había habido abuso sobre la mujer, pero no violencia. El Tribunal Supremo corrigió este fallo, decretando que no se trataba de un abuso, sino de una violación.

Debido a este suceso se levantó un gran debate social que llevó a España a esclarecer qué es el consentimiento. Esta nueva ley absorbe el delito de abusos sexuales en el de agresión, ya que hasta ahora solo se diferenciaban los delitos dependiendo de si había o no violencia por parte del agresor sobre la victima. El objetivo de esta modificación es que prevalezca el consentimiento para llevar a cabo el acto sexual por encima de si hay violencia o no. 

El silencio no es en ningún caso consentimiento. En la mayoría de los casos, las víctimas se encuentran inmovilizadas, incapacitadas para expresar su inconformidad. El miedo paraliza y en estos casos, el que calla no otorga. En España los abusos sexuales sin aprobación están castigados, pero no están definidos en el Código Penal.

Esto ha originado controversia, pues hay quienes piensan que acotar esta definición puede perjudicar a la víctima. Por este motivo, el CGPJ ha aprobado por unanimida el informe en el que se resumen los problemas que puede causar esta nueva ley.

El borrador de la ley orgánica explica dos puntos esenciales. El primero, que desde el principio la mujer manifieste libremente en actos “exteriores, concluyentes e inequívocos” su voluntad de querer participar. El segundo eje se apoya en la manifestación de querer hacerlo teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes.

El anteproyecto defiende que hay una contradicción a la hora de definir el consentimiento. Primeramente, en la ley se indica que la voluntad de participar tiene que ser expresa o tácita, es decir, que se puede suponer esa voluntad sin que se exprese claramente. No se debe tratar de la misma forma las palabras de la víctima que su forma de actuar en ese momento. En el final de la definición, indican que la voluntad tiene que ser expresa, que claramente se diga que sí. Otro fallo que podemos encontrar es que si esta ley llega a aprobarse puede provocar equívocos a la hora de mostrar la presunción de inocencia ya que es difícil obtener pruebas de si hubo consentimiento por parte de la víctima. Sin poder definir estas dos ideas, tanto la del consentimiento como la de las pruebas para saber quien dice la verdad es imposible que la ley tenga fundamento, lo que hará aun más imposible que se juzgue de una forma justa.

La ley debe revisarse, las contradicciones son evidentes. El informe señala también que el querer eliminar el abuso sexual del código penal lo único que va a provocar es que los agresores sean más violentos. Antes lo que definía si era abuso o violación era el uso de la violencia, el grado y la agresividad. Si ahora se elimina esa barrera, a los agresores les dará igual tener mayor o menor violencia con la víctima, por lo que será peor para esta.

Al no tener clara la definición de qué es consentimiento y qué no, genera que todavía se cuestione a la mujer en los interrogatorios persiguiendo la actitud que tuvieron, la forma en la que iban vestidas o su predisposición hacia el momento del abuso. ¿Realmente ese es el quid de la cuestión? Una ley que no ampare la posición de la víctima sobre la del agresor continuará desprotegiéndola, dando pie a unas resoluciones cada vez menos certeras de los casos de abuso o agresión.

Es positiva la idea de crear una ley que ampare estas situaciones y la credibilidad de la víctima, pero si la ley no está completamente revisada y segura, puede llegar a contradecirse como plantea el informe del anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual aprobado por el CGPJ. Todavía existen fallos sobre las definiciones expresadas en el borrador de la misma, hasta que llegue el momento en el que se apruebe una ley en la que las víctimas de abusos sexuales sean bien escuchadas y sus agresores juzgados.

 

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