Dación en pago, única vía de escape

José Ramón Casilda se encontraba en una angustiante cuenta atrás. El día 20 de este mes sería el día. Perdería su casa, en la que vive con su mujer y sus dos hijas. Y, por si esto fuera poco, sus suegros, que fueron sus avales, también perderían su hogar. Toda la familia se vería en la calle si no lograba llegar a un acuerdo con la Unidad de Créditos Inmobiliarios, con quien firmó la hipoteca.

En 2007 compró su piso del Paseo de la Halla de Fuenlabrada, cuando su negocio de excavadoras iba bien. Nunca pensó que en unos años no iba a ser capaz de hacer frente al pago que, de manera contractual, firmaba con la financiera. Pero la crisis llegó a la construcción y acabó con su empresa. Casilda se dedicó a rodar por diversos empleos para poder enfrentarse a las facturas que mes a mes se le acumulaban, pero no fue suficiente; iban a desahuciarles.

La dación en pago, que es una medida que redimiría de realizar el pago de la deuda a cambio de la adjudicación de la vivienda por parte de la entidad financiera (y que del mismo modo extingue las garantías accesorias, como el aval),  no era una opción porque, con ella, Casilda conservaría su casa, pero a cambio de la de sus suegros. Finalmente, la familia ha encontrado un motivo para sentirse algo más tranquila. El piso fuenlabreño donde viven se subastará igualmente el día 20, pero Casilda ha conseguido que los padres de su mujer no sean echados a la calle. La única manera de lograrlo ha sido firmando un acuerdo con la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), la cual le obliga a pagar 174 euros al mes durante dos años, después de los cuales adoptaría una hipoteca de 138.000 euros a pagar durante 25 años.

Con todo, Casilda y su familia no respiran aún. Tienen miedo a que, en el plazo estipulado, no sean capaces de pagar y vuelvan a verse en una situación similar. El padre busca ya un buen trabajo, aunque ha tenido que hacerlo fuera del país. No dudará en salir de España con su mujer y sus hijas para poder seguir realizando el pago.

Al igual que la de Casilda, miles de familias se ven en esta tesitura actualmente en nuestro país. Ven en la dación en pago su única vía de escape, porque con ella los ciudadanos en riesgo de desalojo podrían negociar con sus entidades bancarias la deuda contraída.

EUROPA CONSIDERA ILEGALES LOS DESAHUCIOS ESPAÑOLES

Este jueves, el Tribunal de Justicia de la UE, en respuesta a una consulta de un juez español, ha sentenciado que la legislación de España sobre desahucios es contraria al Derecho de la Unión, ya que no ofrece suficiente garantía a los consumidores cuando necesitan protección frente a cláusulas contractuales de hipotecas que resultan abusivas.

Mediante un comunicado, el Tribunal comunitario ha considerado que la legislación española vulnera la capacidad de llevar a cabo la protección de los ciudadanos y se opone a que ésta pueda impedir a un juez detener un proceso de ejecución hipotecario si así lo cree conveniente.

Esta sentencia será vinculante a todos los jueces, que podrán paralizar un desahucio para estudiar si en el contrato existen fórmulas abusivas. Lo dictaminado por Bruselas supone, de forma indirecta, un cambio de la ley española. En la actualidad un ciudadano no puede denunciar en el mismo procedimiento por el que está siendo desahuciado y éstos no son reversibles, pero la Unión reconoce a los perjudicados el derecho a reclamar. Además, la sentencia da pautas a los jueces sobre qué hacer si el consumidor se encuentra desprotegido. Esta consideración del Tribunal podría abrir la puerta a desahuciados en el pasado.

Las respuestas no han tardado en hacerse oír. El sector bancario ha expresado que estudiará la sentencia y que acatará la ley en cualquier caso. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha mostrado su satisfacción por la misma, ha declarado que España es una anomalía en cuanto a este tipo de normativas y ha solicitado que se aplique esta medida con carácter retroactivo. Los socialistas han pedido al Gobierno que se lleve a cabo de forma inmediata, y el resto de la oposición ha declarado que el Tribunal ahonda en algo que ellos vienen pidiendo desde hace tiempo. Desde el Partido Popular, Alberto Ruiz Gallardón ha asegurado que se va a cambiar la Ley Hipotecaria para adaptarla y el presidente del Gobierno ha reconocido que la normativa es muy antigua y que se adecuará para que coincida a lo que dicta Bruselas. 

Sin embargo, el problema de los desahucios y el endeudamiento posterior a ellos crece porque la dación en pago aún no se concede realmente. El ministro de Economía y de Competitividad, Luis de Guindos, para calmar la situación de queja por parte de los afectados, ya dijo que los bancos podrían llegar a aceptar la dación en pago de forma voluntaria. Eso, realmente, es como decir que no existe dación en pago. Excepto acuerdos personalizados con entidades financieras, la dación en pago no es una opción plural. Y eso es por lo que luchan por cambiar desde la PAH, que ya ha conseguido reunir más de 1,4 millones de firmas para pedir respaldo legislativo.

Tal y como afirma David Trillo del Pozo, Doctor en Economía e integrante de la iniciativa Econonuestra, "los problemas vienen porque los contratos se han firmado sin que existiese dación en pago. Entonces, habría que interrumpir el contrato y establecer nuevas condiciones. Es equivalente a una restructuración de la deuda que tiene el ciudadano con el banco, y eso es un problema jurídico de primer orden".

MARIANO RAJOY, EN CONTRA

El presidente del Gobierno no está del todo de acuerdo con la alternativa de esta medida. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso aseguró que "la dación en pago, con carácter general, podría dañar sin remedio la garantía hipotecaria e impedir en el futuro el acceso de las familias a los préstamos hipotecarios".

La regulación de la dación en pago haría que el tipo de interés de las hipotecas suba. Esto ocurre cuando existe un mayor riesgo por parte de las entidades financieras al conceder una hipoteca. Aunque esta medida ayudaría, eso sí, a prevenir la especulación, a mejorar la transparencia del sector, a aumentar el rigor en el análisis de los riesgos y a la concesión de los préstamos con el pretexto de canalizar el ahorro hacia la inversión y la economía real, también hay que tener en cuenta que estos mayores costes financieros de las hipotecas excluirán de la compra de viviendas a un porcentaje importante de la sociedad. Además, según explica Trillo, "para introducir la dación en pago, el propio gobierno tendría que tener ingresos suficientes para poder ayudar con liquidez a la pérdida que sufrirían los bancos con este método".

LAS CIFRAS NO MIENTEN

En los tres primeros meses del año 2012 en España, el número de ejecuciones hipotecarias (procesos de reclamación que pueden acabar en desahucios) iniciadas ascienden a 24.792, el tercer peor registro desde que estalló la crisis, con un incremento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero los desahucios no nacen de la nada. La actividad antisocial de las entidades financieras y la existencia de una legislación injusta para muchos ha llevado al país a esta situación. También, según afirma David Trillo, "una parte del empobrecimiento tiene que ver con el aumento de los impuestos, y ese aumento de los impuestos no se ha repartido tampoco linealmente entre las distintas clases sociales".

Se sabe que el empleo ha descendido notoriamente, creciendo la tasa de paro en la Comunidad de Madrid de un 10,15% en el año 2008 a un 18,6% en el 2012, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es la pescadilla que se muerde la cola. "No hacen faltan grandes investigaciones científicas para probar que los recortes generan pobreza porque el indicador directo de una crisis económica es siempre la reducción de la producción", explica David Trillo.

La crisis provoca desempleo, el desempleo provoca pobreza y esta falta de dinero hace que no se pueda hacer frente a las deudas en general, donde se encuentran también las hipotecas. Todo esto da lugar a los procesos de ejecuciones hipotecarias referidos anteriormente, que derivan en desahucios. Y los números siguen creciendo. Los desahucios acaecidos entre 2008 y los dos primeros trimestres de 2012 pasaron de 21.682 a 40.000, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Aunque en su comienzo esta situación no resultaba del todo alarmante, lo cierto es que a día de hoy sí lo es. Las cifras lo confirman, pero no sólo ellas. La propia Asociación Española de Banca hizo público un comunicado el pasado día 12 de noviembre, donde se hacía eco de la "alarma generada por los desahucios hipotecarios". Cierto es que también expone el "compromiso de paralizar los lanzamientos durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad". Asimismo, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) también ha acordado suspender la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables.

Estas decisiones por parte de entidades importantes son prueba de que existe una auténtica alarma en materia de desahucios, concretada en los 400.000 procesos que se han ejecutado durante los años de la crisis económica, y en los miles que se están tramitando actualmente en los juzgados españoles.

BUSCANDO SOLUCIONES

La sociedad española se encuentra en un estado económicamente crítico no visto antes. Como explica Trillo, "los individuos se declaran insolventes, son desahuciados de sus casas y siguen teniendo una deuda altísima con los prestamistas. Esa situación injusta anteriormente no se daba porque no habían perdido valor las garantías hipotecarias, que eran las casas".

Sea como fuere, esta trágica situación ha de ser tenida en cuenta a la hora de interpretar las normas vigentes constitucionales y judiciales. Al igual que lo hacen aquellos que llevan a cabo los procesos judiciales hipotecarios, que dicen y afirman "hacer lo que dicta la ley", aquellos que se vean en riesgo de sufrir esta situación pueden ceñirse a que, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Código Civil, se obliga a que las normas jurídicas sean interpretadas de acuerdo a "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas". Y, está claro, lo que el tiempo presente exige es una clara visión pro ciudadano.