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El Corte Inglés, por encima de la historia

Editorial
Sociedad
Ángel Viveros, investigado por un delito contra el patrimonio histórico
Ángel Viveros, alcalde de Coslada.
El episodio de la concesión de “El Calvario” vuelve a poner en tela de juicio la honradez de distintos cargos públicos

En la España del deterioro político, las triquiñuelas de los entes públicos en pos de lucro han pasado, de ser una excepción, a convertirse en una rutina socialmente aceptada. Cuando se divisa beneficio económico en el horizonte, cualquiera diría que todo vale. Y no es así

Esta vez, las miradas se han centrado en un yacimiento histórico, años atrás ensalzado por su relevancia: el de “El Calvario”, en Coslada. En el año 1992, el ayuntamiento cosladeño solicitó que esta zona, con una extensión de más de 30.000 metros cuadrados, se declarase Bien deInterés Cultural. Paradójicamente, el 10 de diciembre de 2010, la Junta de Gobierno Local otorgó una licencia a la mercantil Hipercor S.A por la que se permitía la construcción de un centro comercial sobre la extensión del yacimiento.

La documentación aportada se basó entonces en un informe técnico que apoyaba la concesión y que había sido elaborado por José Luis Alonso, arquitecto municipal. También, se adjuntó el beneplácito, en forma de informe jurídico, de Antonio Murillo, concejal de Urbanismo. Sin embargo, la concesión no contó con el expediente de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Educación y Cultura, requerido por el juez. Ahora, Alonso, Murillo y Ángel Martínez, Secretario de la Corporación, unidos a Ángel Viveros, alcalde de Coslada, pasarán por el juzgado número 3 de Madrid, durante este febrero, por un presunto delito contra el patrimonio histórico.

Viveros ha declarado sentirse “tranquilo” tras ser llamado a declarar, pues, desde su punto de vista, ha actuado “conforme a la legalidad”. Lo cierto es que la obra se aprobó con el visto bueno de la Junta de Gobierno del año 2010, formada por PP, PSOE, U-CM y PIC. Estas agrupaciones atendieron, entonces, a los informes que abalaban la concesión. No obstante, Viveros no se ha pronunciado todavía acerca del expediente, demandado por el juez, de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Educación y Cultura, muy probablemente contraria a la construcción.

Los escándalos políticos no dejan de sucederse con mayor o menor frecuencia y, mientras, las explicaciones no resultan todo lo explícitas que debieran ser. Cada vez, menos cargos públicos que son imputados dedican su tiempo a dar la cara y explicar a la ciudadanía qué es realmente lo que les ha llevado a ser citados por un juez. El conflicto de “El Calvario” es, solo, un ejemplo más.

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