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Comienza la retirada de placas de calles franquistas

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Nacional
Calle Dulce Chacón, antigua calle General Orga. (Wikipedia)
Calle Dulce Chacón, antigua calle General Orga.
La propuesta se aplicará en los próximos meses con el fin de cumplir la Ley de Memoria Histórica eliminando todo rastro de nombres relacionados con la etapa de la dictadura.

El Ayuntamiento de Madrid modificara el nombre de 47 calles en 16 distritos de la capital en una primera aplicación de la Ley de Memoria Historia, además de retirar insignias y placas que exalten la sublevación militar, la dictadura franquista y la represión posterior, concretamente, las placas dedicadas a golpistas o implicados en delitos contra la humanidad.

El proceso se ha iniciado en la mañana del pasado 26 de Abril con la sustitución de las placas dedicadas a los generales Millán Astray, en el distrito de Latina, y García de la Herranz, en Carabanchel, por las de la Maestra Justa Freire y la de la Cooperación, respectivamente. Cambios propuestos por el Comisionado de la memoria de Madrid, en busca del consenso tras desacuerdos entre el Gobierno de Carmena y la oposición.

Esta propuesta ha sido apoyada por los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos. El Partido Popular no ha accedido a la propuesta por no aprobarse una enmiendo de adición en la que incluían el artículo primero de la ley de memoria historia de modo que se reconociera a las víctimas no solo de la persecución de la Guerra Civil, sino también a aquellos que lo fueron víctimas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa.

El cambio del nombre de las calles se completará en un plazo de 6 meses. Según la información proporcionada por el Consistorio, cada plancha tiene un coste estimado de 292 euros, es decir, se colocarían una media de 4 letreros por vía.. El coste total ascenderá a más de 60.000 euros en placas y 10.000 euros por comercio. El cambio afectará de forma directa a 39.710 vecinos y a más de 1.500 profesionales.

Además de este coste, habría que añadir las señales del tráfico que marcan las direcciones y sentidos, así como la modificación de los membretes oficiales de las entidades públicas situadas en las calles afectadas. Un informe elaborado por Ciudadanos eleva a seis millones el gasto total que tendrá que desembolsar la administración pública.

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