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Torquemada en la red

Editorial
Indignados
Viñeta de @FerranMartin
Una inquisición digital vigila el diálogo abierto en el ciberespacio.

Cuatro meses después del 1-O es hora de hacer balance. Ya se pueden observar con claridad las primeras secuelas para la libertad de expresión en España: más de ciento cuarenta sitios web, incluidos cibermedios, se han clausurado o intervenido. Según el Observatorio de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión, los registros y la confiscación de manterial periodístico durante estos meses se ha convertido en una práctica normalizada a raíz de la aplicación del artículo 155 CE. 

En este sentido, las habituales batidas que llevan soportando los periodistas y trabajadores del semanario comarcal 'El Vallenc', y que en octubre se saldó con la imputación de su director Francesc Fàbregas, suponen una clara evidencia de la vulnerabilidad que atraviesa actualmente el periodismo en la red. 

Tal y como ha podido constatar este medio, muchas de estas prácticas se realizan sin la mediación de las pertinentes órdenes judiciales, imponiéndose un panorama de arbitrariedad del que hasta ahora nadie parece responsabilizarse. 

Ésta situación no es nueva en la España de la democracia. Hace ahora dos décadas, el diario vasco Egin, así como Egin Irratia, fueron objeto de innumerables irregularidades desde la instrucción del sumario 18/98 hasta su clausura definitiva por orden del juez Baltasar Garzón. 

Aunque el Tribunal Supremo rectificó diez años después declarando lícita la actividad de estos medios de comunicación, la realidad es que ni uno ni otro fueron capaces de reanudar su labor. 

Los medios de comunciación de masas tradicionales en España hicieron del periodismo un negocio de intereses políticos y económicos con el que manipular a la opinión pública. En cambio, en la red se han eliminado las barreras de intermediación entre los emisores de la información y sus receptores, pero el poder de las élites penetra en el ciberespacio para cercenar la interactividad entre los usuarios que apelan por la libertad de expresión e información. 

Hace menos de cuatro meses, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal propuso la creación de un grupo de trabajo integrado por diputados y representantes de los medios de comunicación al objeto de tratar la "guerra de la información" y las "fake news". ¿Quienes serán "esos" responsables y "de qué" medios? 
Cospedal defendió el papel de la prensa como "pilar fundamental de la democracia" y la "artillería de la libertad" y afirmó que la desinformación y la manipulación afecta a los intereses nacionales. 

Ministra de Defensa, ¿se garantiza desde el gobierno la libertad de información? La responsable de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en la UE-Balcanes, Pauline Adès-Mevel, denunció en octubre de 2017 la presión a los periodistas en Cataluña. En sus palabras: "Impulsado por las maniobras intimidadoras del ejecutivo de Mariano Rajoy, el gobierno autonómico ha ido demasiado lejos en sus intentos de imponer su visión a los medios locales, españoles e internacionales." 

Desde esta plataforma, exigimos fortalecer el periodismo para desenmascarar y destapar la manipulación informativa, puesto que la opinión pública no debe tener fronteras. La desintermediación, la descentralización político-empresarial y la participación ciudadana ya son posibles gracias a la red. 

Sin embargo, desde el Gobierno se hacen esfuerzos para perpetuar el sistema, por ejemplo con la limitación de la libertad de información, y de expresión en los cibermedios. Esta práctica provoca indignación, ya que se produce a nivel global porque afecta a los usuarios que se informan mediante sus pantallas en cualquier lugar del mundo. 

Aquel gobierno que manipula, censura, oprime y domina, no es digno de gobernar en democracia, en la sociedad de la información y del conocimiento. 

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