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Que el nuevo mapa político no acabe con la iniciativa social

Editorial
Indignados
La nueva situación política, es en gran medida consecuencia del 15M. Eso ha supuesto una migración hacia los nuevos partidos políticos de las personas que ocupaban puestos y cargos en las iniciativas sociales. ¿Afectará esta nueva situación a los proyectos ciudadanos?

El próximo mes de mayo se cumplirán seis años del movimiento político-social más relevante desde La Transición, el 15M. Nació de la necesidad de dar voz a un sentimiento de indignación que llevaba asentado en la sociedad española, desde que sus derechos se vieran recortados paulatinamente en cada nueva decisión política que el Gobierno Central tomaba tras la crisis económica que comenzó en 2008. Una de las cuestiones más criticadas por el movimiento, y las iniciativas políticas surgidas a raíz de él, fue la representatividad institucional. La opinión pública, y las inquietudes y aspiraciones sociales y políticas de la sociedad civil estaban marginadas por el gobierno entonces conocido como PPSOE, que ocupaba el 92% de los escaños. Tras las últimas elecciones de 2016, el reparto en el Parlamento es bien distinto (el PPSOE ocupa el 63% de los escaños), y también es notable en el número de concejales y municipios que han perdido las, hasta entonces, dos fuerzas políticas más importantes del país. ¿Recupera esta nueva situación política la representatividad pública que demandaba el 15M? Es preciso analizar ligeramente el proceso de creación del 15M. Si estudiamos la raíz del movimiento, siete años después de aquél Pásalo! que movilizó a la sociedad española el 13 de marzo de 2004, las tecnologías de la información, más concretamente internet, reivindicaron su utilidad para que la información se transmita de ciudadano a ciudadano sin necesidad de filtrarse por las instituciones y los medios de comunicación. Las redes sociales no sólo sirvieron como herramienta de organización y difusión, para posteriormente llevar la individualidad del usuario del mundo digital al espacio público. Esto desembocó en la creación de iniciativas sociales de todos los ámbitos, desde la política hasta la economía, pasando por la justicia, la sanidad, la educación o la vivienda. El trabajo de estos proyectos, sumado al de otros que venían trabajando desde hace un tiempo o históricamente en España, sirvió como germen y escuela de muchas de las personas que actualmente ocupan puestos políticos en las distintas instituciones del país, siendo los casos más notables la formación de dos partidos políticos de presencia notable en las últimas elecciones: Podemos y Ciudadanos. ¿Se ha notado la migración de puestos de responsabilidad tras dos años de ‘gobiernos del cambio’? En cierta parte sí. siendo el caso más mediático la desvinculación de Ada Colau con la Plataforma de Afectados de la Hipoteca.

 

Buena parte de los esfuerzos han tomado otra vía de acción, y ante esta situación, aunque algunas de esas iniciativas han mermado, las personas que no se subieron al carro de la política ahora destinan su esfuerzos en proyectos más consolidados.

Por otra parte, muchas de las reivindicaciones de aquella opinión pública han ganado importancia en la agenda política institucional y mediática, consiguiendo algunos ocupar la primera línea de debate como sucedió recientemente con la subida del salario mínimo interprofesional. En este aspecto también es destacable la importancia que poco a poco van dando las instituciones a las nuevas vías de comunicación, tan útiles para organizar manifestaciones como para recibir sugerencias y propuestas de los ciudadanos. Ante este panorama sólo nos queda confiar en que la migración de de las iniciativas sociales y asociaciones a las instituciones, suponga un problema como ya sucedió hace poco más de treinta años, cuando la llegada al Gobierno del PSOE en 1982 encabezado por Felipe González, condiciono el desmembramiento y extinción de las iniciativas ciudadanas que surgieron durante La Transición. Para ello es necesario pedir a esta nueva generación política que pelee por modificar las arcaicas herramientas legislativas que siguen dificultando la puesta en marcha de nuevas propuestas de ley, y que tanto ellos como las iniciativas sociales no desistan en la labor de actuar como ciudadanos activos.

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