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España podría ser complice de crímenes de guerra en Yemen

Reportaje
Rebeliones árabes
Yemen es el país árabe más pobre. Tiene una larga historia de mal gobierno. Allí se refugian grupos terroristas. Su población civil vive la mayor crisis humanitaria del mundo: guerra, muertos, hambre, enfermedades como el cólera y desplazados. Unos 18,8 millones de yemeníes dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir y los ataques aéreos han destrozado las infraestructuras logísticas básicas, como aeropuertos, puertos y puentes. Entretanto, se instrumentaliza la guerra con la venta de armas.

La guerra en Yemen estalló el 25 de marzo de 2015, cuando una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí atacó desde el aire a los huzíes, los cuales se habían hecho con el control del Gobierno de Saná por la fuerza y Arabia Saudí acusa a Irán de armarlos. 

Desde entonces, la coalición de países encabezada por Arabia Saudí bombardea a la población civil, mercados, escuelas, mezquitas, funerales, fábricas y hospitales. 

Entre los bandos en lucha, por un lado, están los huzíes, un grupo armado cuyos miembros son seguidores del zaidismo (rama del islam chií), aliados a los simpatizantes del expresidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh; y por otro, los aliados con el actual presidente, Abd Rabbu Mansour Hadi, y con la coalición liderada por Arabia Saudí. 

Los huzíes han pasado de ser un actor de tensión regional a ocupar la centralidad de la crisis yemení, y en diciembre del año pasado asesinaron a su aliado, el expresidente Saleh, cuando este abrió un diálogo con la coalición saudita para poner fin a la guerra.

 

Armas que alimentan la crisis

 

No existe una intervención por parte de los actores nacionales e internacionales en la guerra olvidada: Yemen. En cambio, varios países han continuado vendiendo armas a Arabia Saudí y a otros países miembros de la coalición para su uso en el conflicto. También se han desviado armas para que las utilicen los huzíes y otros grupos armados que luchan en Yemen.

Mientras la población civil necesita de ayuda exterior, otros actores anteponen sus intereses económicos en la guerra. 

Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Canadá y Turquía han declarado transferencias de armas a Arabia Saudí, incluidos drones, bombas, torpedos, cohetes y misiles, por un valor aproximado de 5.900 millones de dólares estadounidenses entre 2015 y 2016.

En cuanto a España, es el tercer país exportador mundial de armas hacia la monarquía absoluta de Arabia Saudita (segundo importador mundial de armas) y, además, en los últimos cuatro años ha multiplicado por treinta esta venta a dicho país, donde se hacen una de las interpretaciones más rigoristas del islam. 

 

 

 

Desde la organización Amnistía Internacional se denuncia la venta de armas de España a Arabia Saudí debido a la violación de dos premisas: el Tratado sobre el Comercio de Armas, que prohíbe la transferencia de armas si, en el momento de la autorización, el Estado exportador sabe que podrían utilizarse para cometer crímenes de guerra; y la Ley española sobre comercio de armas, la cual establece que no se autorizará la venta de armas cuando existan indicios racionales de que puedan ser empleadas en situaciones de violación de derechos humanos.

La exportación de armas españolas a Arabia Saudí tiene un secretismo, falta de control y de transparencia de la información oficial, como radica en la Ley de Secretos Oficiales, 9/1968, de 5 de abril. Por tanto, supone un riesgo de la complicidad en la comisión de crímenes de derecho internacional. 

En septiembre del año anterior, la Comisión de Defensa del Congreso rechazó vetar la venta de armas españolas a Arabia Saudí por su implicación en la guerra de Yemen. A pesar de que el Gobierno aseguró que dispone de garantías de que las armas no se desvían, las ONG participantes en la campaña Armas Bajo Control (Amnistía Internacional, Greenpeace, Fundipau y Oxfam Intermón) denuncian la ausencia de control sobre la venta de las mismas.

El rey Felipe VI, por su parte, viajó el año pasado a Riad para impulsar el contrato de cinco corbetas (buques de guerra) que la empresa española Navantia tiene previsto construir en el astillero de San Fernando para la Marina Saudí. Este contrato es clave para garantizar la viabilidad de Navantia, 2000 millones de euros. Aunque el Gobierno español y la empresa han repetido que se trata de un acuerdo seguro, la inversión se ha quedado en el tintero, a falta de la firma del monarca saudí Salman bin Abdulaziz.

 

El pasado mes de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió enviar expertos internacionales y regionales a Yemen para investigar todas las presuntas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por todas las partes en el conflicto desde septiembre de 2014. 

 

 
 

 

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