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Expresarse en tiempos revueltos

Opinión
Nacional
Foto: El Español

 

 

El debate sobre la libertad de expresión en España es un tema candente y de actualidad, no hay duda. Son muchos los medios de comunicación que lo han abordado en los últimos meses y las razones son evidentes. Solamente en el último año se han dado situaciones que, como mínimo, llaman la atención, en las que no hace falta profundizar demasiado ya que llegan a cansar tras la gran repercusión mediática que han tenido -el caso de los titireteros, los famosos tuits acerca de Carrero Blanco, el rapero mallorquín Valtonyc, etc.- Este tema se vincula necesariamente a la legislación vigente, pues uno se pregunta hasta dónde pueden nuestras leyes amparar el derecho a la libertad de expresión.

 

Sin embargo, en nuestra Constitución* nos encontramos con un enfoque bastante progresista, que en principio parece no caer en contradicciones, pero que sin embargo se ve hoy día truncado por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que, bajo el apodo de Ley Mordaza, no cesa de recibir duras críticas por parte de  todo tipo de colectivos e individuos.  Para Amnistía Internacional la Ley Mordaza amenaza el ejercicio de la libertad de expresión e información, al establecer  limitaciones y penas para o por la difusión de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. También lo es  la imposición de multas a manifestantes pacíficos, algo que puede disuadir la protesta. La reforma del Código Penal también ataca la libertad de expresión, de información y de reunión, según Amnistía, en el momento en que amplia los delitos, tanto de terrorismo como de desórdenes públicos, resultando incompatible con las normas de derecho internacional. 

 

Además de este caso, podríamos afirmar que la libertad de expresión en España hoy en día ha sido  atacada de manera sistemática cuando las ideas que se han criticado ponían en cuestión el ideario del sistema hegemónico: pruebas de ello son la licencia que no se le concedió al programa La Tuerka cuando Intereconomía- de ideas descaradamente racistas y homófobas- se emitía con toda tranquilidad; la caricatura de Mahoma publicada por El Jueves que el ministro impulsor de la LOSC calificó de irresponsable, la ocasión en la que se llegó a enjuiciar  (absuelto finalmente) a Javier Krahe, o el chiste-sketch sobre la ETA y el PP que también llevó a su ejecutor a juicio (Facu Díaz en La Tuerka News). Todos estos ejemplos mientras el lema #JeSuisCharlieHebdo ha tenido gran acogida por los mismos que se han opuesto a según que humor negro.

 

Merece la pena replantearse hasta qué punto estamos los ciudadanos de España dispuestos a permitir el recorte de unas libertades que tanto se han luchado para poder ser materializadas en documentos oficiales como nuestra propia Consitución. Libertades que luego pueden haber sido o no respetadas, pero que en cualquier caso deberían gozar de ser defendidas en cualquier constitución sin trampa ni cartón, contradicciones o intereses de sectores concretos implícitos.

 

*Artículo 20 de la Constitución de 1978

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

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