El municipio madrileño se acogió el año pasado a la Ley de la Administración Local que permite aprobar los presupuestos municipales a través de la Junta de Gobierno, en caso de que el proyecto sea rechazado por el Pleno, y sea el presupuesto prorrogado del ejercicio anterior.
Según el alcalde, Raúl López, la intención es dejar de lado presupuestos desactualizados, y la austeridad, y empezar a invertir. Es significativo que, de los casi 64 millones y medio de euros de presupuesto que maneja el Ayuntamiento, apenas 4 se destinen efectivamente a la inversión pública.
Desde la Concejalía de Hacienda, se asegura que estos presupuestos son necesarios, y cubrirán las necesidades en servicios públicos. “De cada cuatro euros, tres van destinados al gasto social, principal prioridad de este equipo de Gobierno” declara al respecto la concejala Maite García Ferrer.
Nadie se sorprende cuando los políticos exageran sus buenas acciones, pero, por mucho que publiquen sus presupuestos, sería justo decir que no están cumpliendo con su deber de rendir cuentas a la ciudadanía cada vez que faltan a la verdad en público.
El gasto más elevado sigue siendo el de personal, sobrepasando, y por mucho, al gasto en servicios prestados. Desde hace cinco años, sus cifras apenas han disminuido, a pesar de que este municipio madrileño ha visto el número de funcionarios reducirse año tras año. En total, el salario de los altos cargos y asesores es casi una cuarta parte del de todo el personal del funcionariado.
A destacar por los motivos opuestos, el gasto en mantenimiento, conservación y reparaciones es minúsculo. La inversión en infraestructura y bienes destinados al uso general, es desproporcionadamente pequeña. Sin embargo, desde el Ayuntamiento, proponen hacer, en año electoral, la urbanización de La Rambla, la apertura de una biblioteca y un centro de servicios sociales y mejoras básicas en la vía pública (alumbrado, contenedores, rehabilitación de edificios…).
Lo mejor que se podría hacer en Coslada, como en cualquier otra ciudad española, sería recortar en políticos y colaboradores, el gran despilfarro de esta democracia. Lo primero, es el servicio a los ciudadanos.